AMANECIMOS EN DICTADURA

Lo menos grave del conjunto de Leyes que la actual Asamblea Nacional se ha dado a la tarea de "discutir" y aprobar a un ritmo vertiginoso, quizás sea la amenaza que se cierne sobre el libre uso del internet y sus redes sociales. Aunque esto, de por sí, ya es muy grave.
La Ley Habilitante aprobada ayer 17 de diciembre es una vil zancadilla a la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero del 2011.
Un nuevo Golpe del comandante chávez. Porque como ya es sabido, lo que no consigue por la vía de la razón, lo toma por la vía de la fuerza, el engaño, la malandrería y la bravuconería.
Luego de su fracasado Golpe del 4 de febrero, ya en el poder, vuelve a burlarse de la voluntad popular cuando en diciembre de 2007 los venezolanos dijimos MAYORITARIAMENTE que rechazábamos la vía del comunismo como sistema de vida.
Poco después se vuelve a burlar de la voluntad democrática de un importante sector de la población venezolana al arrebatarle al entonces recién electo Alcalde Mayor Antonio Ledezma la casi totalidad de las dependencias administrativas que estaban sujetas a esta Institución, entre otras, la dirección de la Policía Metropolitana.
No conforme con ello, se inventó de la nada el Gobierno del Distrito Capital, colocando a la cabeza a su secuaz y compinche político Jackeline Farías.
Ya antes, en el 2000, luego de la tragedia de Vargas, cuando el Gobernador Pedro Laya de le volteó políticamente, chávez se inventó a Corpovargas para que fungiera de Gobernación paralela a la del disidente Laya.
Ahora, una vez más, el comandante chávez vuelve a arremeter contra la voluntad popular a través de una Ley Habilitante que no tiene otro objetivo que el de Legislar al margen de la nueva y plural Asamblea Nacional de próxima instalación. De un sólo plumazo, le arrancó el suelo político al poder Legislativo escogido legitima y democráticamente por el pueblo venezolano.
Esta acción debe verse como lo que es y han sido los anteriores atropellos del comandante: Golpes de Estado torpemente maquillados con cierto aire de legalidad.
En la XX Cumbre Iberoamericana celebrada en Argentina a comienzos de diciembre de 2010, los países participantes suscribieron un importante documento para conjurar la amenaza de eventuales Golpes de Estado dentro de los países miembros de la Conferencia.
Sin embargo, a pocos días de su nacimiento, este documento pareciera ser letra muerta. Un honorable pero inútil gesto a la bandera.
El comandante chávez ha dado pruebas suficientes de su vocación autoritaria y totalitaria como para continuar siendo visto como Líder Democrático. chávez ha cruzado y violentado una y otra vez todas las fronteras de la Democracia, irrespetando todas sus reglas de juego.
Hace unos minutos escuché declaraciones de uno de los diputados electos, en entrevista a CNN, decir que con esta Ley Habilitante, chávez había comenzado a alejarse del camino democrático. Y no es así: ahora sí es verdad que chávez se ha quitado la careta y se ha declarado Dictador.
¿Qué harán los países iberoamericanos firmantes de esta Declaración ante los brutales y violentos atropellos perpetrados por chávez contra la voluntad democrática de los venezolanos y nuestra Constitución?
¿Qué haremos los venezolanos para que los ojos del mundo se volteen hacia nosotros y comiencen a aplicar las sanciones previstas en ese Documento contra los Gobiernos Golpistas, de hecho o intención?
A continuación, el enlace de este documento y su transcripción:

(Haga click en cualquier parte del siguiente texto para acceder a su original pdf en la red)

DECLARACIÓN ESPECIAL SOBRE “LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL EN IBEROAMÉRICA”



Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en Mar del Plata, República Argentina, en ocasión de la XX Cumbre Iberoamericana:
Reiteramos que nuestra comunidad se asienta en el respeto irrestricto del Estado de Derecho, el respeto a la soberanía, la defensa de la democracia, la voluntad soberana de los pueblos, la justicia social, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales que son requisitos esenciales para la participación en los distintos órganos de la Conferencia Iberoamericana y son conquistas de los pueblos iberoamericanos que no admiten retroceso.
Ratificamos que la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a las autoridades legítimamente constituidas como expresión de la voluntad soberana de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos y la defensa de las instituciones democráticas constituyen garantías indispensables para asegurar la paz, la estabilidad, la prosperidad económica y la justicia social, así como el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, y que toda ruptura o amenaza de ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en uno de los Estados Miembros de la Conferencia lberoamericana pone en riesgo su normal desarrollo y constituye un hecho grave que amerita la acción enérgica de la comunidad iberoamericana.
Reafirmamos que la democracia, el desarrollo sostenible, el respeto de todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente, basándose por igual en los principios de objetividad, imparcialidad y universalidad.
Subrayamos la importancia de los compromisos asumidos en materia de democracia en el marco de las Naciones Unidas y de los instrumentos regionales. Recordamos también que la democracia constituye un valor universal que hace parte del acervo de la Conferencia Iberoamericana, desde su primera reunión en Guadalajara en 1991, y que fue reiterada en las diferentes declaraciones, como la de Viña del Mar, que desarrollan de manera amplia los principios democráticos que compartimos.
Manifestamos nuestro rechazo y condena a todo intento que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones en cualquier Estado Miembro de la Conferencia Iberoamericana.
Acordamos: - Adoptar una cláusula de compromiso con la promoción, defensa y protección del
Estado de Derecho, del orden democrático, de la soberanía de los pueblos, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluyendo entre otros el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, el no sometimiento a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el no ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, ni objeto ejecuciones sumarias y arbitrarias, de desapariciones forzadas, y la libertad de opinión y expresión.
- Que, cuando el gobierno constitucional de un Estado miembro considere que existe una amenaza de ruptura o alteración del orden democrático que lo afecte gravemente, podrá notificar la situación a la Secretaría Pro Tempore, la que se encargará con la asistencia de la Troika y el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana de dar a conocer la situación a todos los Estados Miembros, de forma que los mismos puedan decidir la adopción de acciones concretas concertadas de cooperación y el pronunciamiento de la comunidad iberoamericana para la defensa y preservación de su institucionalidad democrática.
- En caso de ruptura del Orden Constitucional o del Estado de Derecho, la Secretaría Pro Tempore, con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, convocará una Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros, para que con plena participación del Gobierno legítimo afectado y en forma ágil y oportuna, decidan por consenso, tomando en cuenta otros esfuerzos en curso, adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
1. Realizar gestiones diplomáticas en el Estado afectado con el objeto de contribuir a la restitución del proceso político institucional democrático y del Estado de Derecho a la brevedad posible;
2. Suspender al Estado en que se hubiese materializado la ruptura del orden constituido o del Estado de Derecho, del derecho a participar en los distintos órganos e instancias, así como del goce de los derechos y de los beneficios que se derivan de ser miembro de la Conferencia Iberoamericana, hasta que el orden constitucional sea restablecido;
Las medidas que se adopten en relación con hechos objeto de esta Declaración, deberán ser compatibles con el Derecho Internacional y la legislación interna del Estado afectado.
- Poner fin a las medidas antes citadas cuando se determine, sobre la base de evaluaciones periódicas de la situación, que las causas que motivaron su adopción fueron plenamente superadas.
Suscripta en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diez, en originales en los idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente auténticos.